Hago llegar desde aquí un agradecimiento enorme para el personal de la Biblioteca del Concejo Deliberante, que me permite poner a vuestra disposición, antes de que sea publicada en su propia página, la Ordenanza 18556, sancionada y promulgada el 18 de junio de 2008 y el veto parcial a la misma, mas precisamente al Art. 12, el cual equiparaba el precio del boleto de las lineas 715 y 720 a la tarifa plana para toda la ciudad.

Entre los puntos mas importantes, esta Ordenanza faculta al Depto Ejecutivo a modificar la tarifa, que el aumento no sea superior al 20%, que se mantenga en el mismo valor el boleto estudiantil y que no se pueda volver a aumentar durante el 2008, excepto que se por normativa Nacional o Provincial. (Art 1 al 4).

El art. 5 encomienda al Ejecutivo que en el plazo de 30 días funcionen los GPS, en el 6 y en el 8 a que presente, en un plazo de 90 días, una propuesta de nuevo medio de pago y un sistema de contralor que garantice los derechos de los usuarios.
El art. 7 lo manda a garantizar la instalación de las rampas para discapacitados y en el 9 a que informe, en forma mensual, los kilómetros recorridos totales y por empresa, la recaudación, los pasajeros transportados y los controles realizados a recorridos y frecuencias.

El art. 11 dispone la reducción de la tarifa a su valor anterior si no se cumplen los art. 5, 6 y 8.

Y aqui creo que es necesario detenerse un momento.
Algo pasa. No es normal que un tema como el valor del boleto, que tiene definido por ordenanza un mecanismo de cálculo basado en costos, sea tomado como elemento de presión para que un gobierno haga cumplir las ordenanzas o presente propuestas.
No cabe duda de que en este caso hubo una negociación. Calculo que entre el oficialismo y el FPV, ya que fue este último el que cambió de parecer y de voto de una sesión a otra. Y le dió a Pulti el aire suficiente para patear hacia adelante sin un paro de transporte a apenas 6 meses de asumir.
También se nota que no hay confianza en el cumplimiento de los pactos verbales, lo que ha llevado a que la firma del acuerdo esté camuflada dentro de la ordenanza y que el incumplimiento genere problemas iguales a los que se han querido evitar. Y otra obviedad mas, entre caballeros no se hace de esta manera.

Me parece que lo que se pretendió ganar para los usuarios ha tenido un costo muy alto. Y mensurable, mas de 20 millones de pesos que van a ser transferidos desde la población marplatense al bolsillo de los (cada vez menos) empresarios del transporte. Habrá que ver como se nos compensa dentro de no mas de 90 días.